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El 75 % de los asesinatos a defensores de DD.HH. en el mundo son en Latinoamérica

27/06/20198:59 am
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Asesinatos DD.HH. Latinoamérica

Isabel Cristina Zuleta, vocera del Movimiento Ríos Vivos. / Foto Anadolu

Durante el desarrollo de la 49 Asamblea General de la OEA, siete organizaciones de la sociedad civil y entidades defensoras de derechos humanos hablaron de los problemas que enfrenta la región para proteger a líderes sociales, especialmente en Colombia.

Los líderes sociales y defensores de derechos humanos necesitan más que escoltas y operativos de seguridad para que no los maten. Necesitan que el ambiente social y político que los rodea sea de protección”. Así lo afirma Isabel Cristina Zuleta, vocera del Movimiento Ríos Vivos, una organización que busca proteger las fuentes hídricas en el departamento colombiano de Antioquia.

Zuleta fue una de las panelistas en el foro ‘Defensores y defensoras bajo ataque’ en la Asamblea de la OEA en Medellín.

  • El evento fue organizado por siete organizaciones de la sociedad civil junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Colombia (Oacnudh).

Se realizó en medio de una grave situación de violencia en Colombia. Desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, en noviembre de 2016, 702 líderes y lideresas sociales han sido asesinados, según el informe del 2019 de Indepaz.

El panorama para los líderes en América Latina también es sombrío. La región ocupa el deshonroso primer lugar como la más peligrosa del mundo para defender los derechos humanos. En 2018, 321 defensores o defensoras de Derechos Humanos fueron asesinados en el mundo y 75 % de estos ataques ocurrieron en el continente americano.

  • Los mecanismos del Acuerdo que involucran la participación de la sociedad civil también son importantes, ya que le pueden dar una mirada más participativa de este problema tan complejo.

De cara a la Asamblea General de la OEA, diversas organizaciones civiles afirman que será clave exigir que los Estados miembros desarrollen e implementen políticas públicas para abordar de forma integral los delitos cometidos contra defensores, periodistas y líderes sociales.

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