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Colombianos ahorraron $31.000 millones en la racionalización de trámites

23/10/20176:27 pm
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Colombianos ahorraron $83.000 millones en trámites

Colombianos ahorraron $83.000 millones en trámites en tres años. / Foto archivo

Aproximadamente $31.000 millones han ahorrado los colombianos gracias a los 615 trámites racionalizados entre 2015 y lo transcurrido de 2017, mediante acciones como reducción de tiempos y desplazamientos, así como la eliminación de algunos pagos y requisitos.

Entere las acciones de racionalización más significativas se destacan la reducción del tiempo de producción del duplicado de la cédula de ciudadanía, que pasó de cuatro meses a 15 días; el aumento de los puntos de atención para consultas en la Ventanillas Únicas de Registro (VUR) de la Superintendencia de Notariado; el pago en línea del Impuesto predial unificado y de vehículos en Bogotá, y la eliminación de la eliminó de la exigencia de documentos como fotografía impresa, fotocopia de sello de inmigración y recibo de pago para el trámite de la Cédula de Extranjería.

Se resalta la implementación de otras acciones como la supresión del requisito de ser titular de la cuenta corriente o de ahorros activa para la inscripción de personas jurídicas y asimiladas para obtener el RUT; la exoneración del cobro de los derechos del trámite de Duplicado de la Cédula de Ciudadanía a los Integrantes de las comunidades y de pueblos indígenas habitantes de Colombia; y la reducción de pasos y costos para el ciudadano en el trámite de Auxilio Funerario por muerte del pensionado ante la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, UGPP.

Los trámites que ayudaron a mejorar Función Pública representan un avance de 77 % en la mega meta del Gobierno Nacional 2015-2018, que contempla la racionalización de 800 trámites.

El avance conseguido se fundamenta en una estrategia que desde 2016 adelanta la  Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública, basada en el acompañamiento y la asistencia técnica a las entidades públicas en la implementación de las acciones de racionalización y en el seguimiento al cumplimiento de los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

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