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Frontera colombo-venezolana: cuatro años de crisis, tristeza y desazón

20/08/20197:09 am
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Ejercicios militares migrantes frontera Colombia Venezuela

Así lo informó el director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento. / Foto archivo

La crisis colombo-venezolana de 2015 se refiere a la crisis diplomática, humanitaria y económica surgida entre los gobiernos del entonces presidente Juan Manuel Santos y el hasta hoy Nicolás Maduro por la supuesta presencia en este territorio de miembros de grupos paramilitares y de la posterior implantación del estado de excepción en varios municipios del estado Táchira (limítrofe con Colombia), produciendo el cierre indefinido de la frontera.​

  • Los cierres fueron extendidos al 7 de septiembre de 2015 a zonas del estado Zulia.​ El 15 del mismo mes las medidas presidenciales del lado venezolano fueron extendidas a municipios del estado Apure y zonas adicionales del estado Zulia.​ Posteriormente, el día 22 se activa una octava zona del estado de excepción en el estado venezolano de Amazonas y otras tres nuevas entidades municipales del estado Apure que se sumaron a la medida.​ Según el censo de 2010, más de 700.000 colombianos vivían en Venezuela ese año, sin contar los miles de inmigrantes que ingresaron al país de forma irregular.​ En 2017 un grupo de abogados introdujo una demanda contra Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad ante la Fiscalía de Colombia, a raíz de las deportaciones de colombianos.​

Acontecimientos previos

El 19 de agosto de 2015, en el barrio Simón Bolívar de San Antonio del Táchira, dos hombres en motocicleta, que según el Gobierno de Venezuela eran paramilitares y contrabandistas, atacaron por la espalda, con armas largas, a cuatro personas que participaban en operaciones anti-contrabando, dejándolos heridos: dos tenientes y un cabo primero de las fuerzas armadas venezolanas y un civil que les ayudaba. Los heridos fueron: tenientes Daniel Veloz Santaella y Alexis Rodríguez, cabo primero Miguel Núñez, integrantes de inteligencia militar del Ejército venezolano y el civil Ramón Vuelvas alias ‘El Paisa’.​

  • El mismo día del ataque, el gobierno venezolano ordenó el despliegue policial en contra de bandas delincuenciales en los dos municipios venezolanos de la zona de frontera (San Antonio del Táchira y Ureña); la operación formaría parte del denominado Operativo de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), que Maduro inició en agosto en Caracas y otras ciudades dentro de las acciones estatales de lucha contra el hampa.​ Como parte de dicha operación se ordenó el cierre temporal de la frontera durante 72 horas.​

El día siguiente, 20 de agosto, el presidente Nicolás Maduro, se pronunció acerca del incidente. “Los atentados contra la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) se suman a una cadena de hechos contra el pueblo de la frontera tachirense y zuliano”. Maduro indicó que la causa de la inseguridad y la crisis económica en la frontera era la supuesta migración de paramilitares colombianos dentro del territorio venezolano. Por lo tanto ordenó la militarización de la frontera.​

Por otro lado, el diario estadounidense en español El Nuevo Herald, publicó que “personas familiarizadas con la situación” habían afirmado que el conflicto entre ambos países se debe a que Juan Manuel Santos, aprobó la extradición a EE.UU. de dos narcotraficantes integrantes del Cartel de los Soles que opera en la frontera colombo-venezolana y que serán testigos claves para vincular a altos funcionarios del Gobierno de Venezuela a la actividad del narcotráfico.​

  • El 24 de agosto, durante una rueda de prensa que ofreció a medios nacionales e internacionales desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, el presidente venezolano informó que habían capturado al grupo que alegadamente ejecutó el ataque del 19 de agosto contra miembros de la FANB y un civil que les ayudaba en operaciones anti-contrabando. Los individuos arrestados incluyen a los colombianos Erika Moncada, de 29 años de edad; Carlos Arango, de 31 años de edad y supuesto jefe del grupo paramilitar que perpetró el ataque; Franklin Valerio, de 22 años y Sergio Molina, menor de edad. A su vez, están implicados en la emboscada los venezolanos, Julio César León y Wilmer Tarazona.​

El 25 de agosto, Juan Manuel Santos, quien hasta entonces estaba tratando de aliviar las tensiones entre los dos países, condenó por primera vez a los desalojos en curso. “Llevar a cabo redadas en las casas, sacar a los habitantes de fuerza, separando familias, sin permitirles salir de sus escasas con sus pertenencias y marcar las casas para luego demolerlas, son métodos absolutamente inaceptables y que recuerdan episodios amargos de la historia que no se deben repetir».​

Reunión de cancilleres

  • El 12 de septiembre, hubo otra reunión de las cancilleres María Ángela Holguín y Delcy Rodríguez, esta vez en Quito (Ecuador). El propósito de la reunión fue preparar una cita entre los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro para tratar la crisis fronteriza, aunque no dieron a conocer una fecha concreta para el encuentro. La reunión, que duró cuatro horas, se desarrolló en uno de los salones del Palacio de Najas con el acompañamiento del canciller ecuatoriano Ricardo Patiño (presidente pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – Celac) y el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa (presidente pro témpore de la Unión de Naciones Suramericanas – Unasur).​

Prórroga del estado de excepción

El 20 de octubre el gobierno venezolano declaró la prórroga del estado de excepción por otros dos meses en los municipios tachirenses de Bolívar, Junín, Capacho Nuevo, Rafael Urdaneta, Capacho Viejo y Pedro María Ureña.​ Dicha medida no solo afectará al desarrollo de la campaña electoral para los próximos comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre (pues uno de los derechos limitados es el de reunión), sino a la propia jornada de votación.​

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