En toda una novela se convirtió el caso del helicóptero derribado, incinerado y asaltado en Norte de Santander; mientras que el comandante del Ejército, Mayor General, Nicacio Martínez, aseguró que el hecho no fue planeado; este miércoles, dos grupos ilegales se atribuyeron el ataque y secuestro de los tripulantes.
“Nuestras unidades solo son responsables por el derribamiento del helicóptero, el cual fue impactado por nuestras armas antiaéreas, aeronave que al impactarla aterrizó de emergencia”.
Poco después, mediante otra misiva, fue el Eln que reveló que controló la aeronave, se quedó con los $1.700 millones que, según dijo, serán destinados a la lucha revolucionaria, y tiene en su poder a los tres tripulantes.
“Les comunicamos a las familias de los tripulantes que ellos se encuentran bien y tenemos la voluntad de liberarlos, gestiones que estaremos organizando con los organismos humanitarios pertinentes”.
El Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, declaró que el Eln tiene un mes de plazo para no perder caracterización de organización negociante de paz.
“La ley de orden público fue prorrogada por el Congreso a finales del año pasado, y esa ley ahora es la 1941, del 18 de diciembre de 2018 (…) en esta ley dice que el Consejo de Seguridad Nacional evaluará el carácter de todos los grupos armados organizados, para que el Gobierno pueda o no adelantar negociaciones”.
“Estas conductas del Eln, alejan cada vez más la posibilidad para que el Gobierno pueda sentarse (a negociar) (…) son conductas que de ninguna manera tienen relación con un conflicto”.
Ceballos concluyó su pronunciamiento señalando que “el reloj del tiempo de la paz corre en contra del Eln”, e instó a la guerrilla a tomar una decisión para determinar si se acoge a las condiciones de la administración actual.
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