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La UE amenaza a EE.UU. con responder si se perjudican sus inversiones en Cuba

17/04/20196:24 am
RED+ Internacional, con AFPBruselas, BélgicaEconomíaRed+
Unión Europea

La Unión Europea tiene inversiones en Cuba.. / Foto Reuters

En una carta del 10 de abril, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, piden al secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo mantener una “exención total” para empresas y ciudadanos de la UE.

  • “De lo contrario, la UE estará obligada a utilizar todos los medios a su alcance, incluso en cooperación con otros socios internacionales, para proteger sus intereses”, advierten las responsables, apuntando estudian “la posibilidad de iniciar un procedimiento ante la OMC”.

La UE considera contrarios a la legislación internacional los efectos extraterritoriales del embargo estadounidense para sus empresas previstos en la ley Helms-Burton de 1996. Ese año, crearon la llamada “ley del bloqueo”, cuya eficacia nunca fue realmente probada en el bloque.

  • Mogherini y Malmström advierten que esa norma “faculta legalmente a las empresas de la UE para recuperar, ante los tribunales de la UE, cualquier pérdida causa por reclamaciones basadas en el Título III presentadas contra ellas en EE.UU”.

“Cualquier demanda en los tribunales de EE.UU. probablemente iría seguida de contrademandas por parte de empresas de la UE ante los tribunales de la UE”, agregan, tras recordar que la mayoría de los principales demandante también tienen activos en el bloque.

  • Si una cadena hotelera europea, por ejemplo, reclama a una estadounidense una compensación por daños ante los tribunales europeos, el monto podría “recuperarse mediante la confiscación y venta” de sus activos en la UE, explican.

Desde la aprobación de la norma en 1996, los gobernantes estadounidenses habían postergado la entrada en vigor de esa cláusula cada seis meses, para evitar problemas con países aliados con inversiones en la isla.

  • Cuando la ley fue adoptada, el Departamento de Estado estimó que existían unas 200.000 demandas potenciales. La activación de la norma genera incertidumbre por las consecuencias para socios de EE.UU.

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