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EE.UU. sancionó a Rafael Ortega, hijo del presidente de Nicaragua

12/12/20193:39 pm
RED+ Internacional con AFPWashington, EE. UU.InternacionalRed+
Nicaragua Daniel Ortega Rafael Ortega sanción EE. UU.

Imponen sanción a Rafael Ortega Murillo por su relación con redes de corrupción y lavado de dinero./Foto Inti Ocon - AFP

Este jueves, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a Rafael Ortega Murillo, hijo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, por lavado de activos y corrupción.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, precisó que Rafael “es el administrador de dinero clave detrás de los esquemas financieros ilícitos de la familia Ortega”. Las penalizaciones también se extendieron a la Distribuidora Nacional de Petróleo, DNP Petronic, la empresa de seguridad, El Goliat; y a Inversiones Zanzibar, negocios manejados por los Ortega Murillo.

Con la penalidad impuesta al hijo del presidente nicaragüense, ya suman 15 los funcionarios sancionados de ese gobierno por el Tesoro. Las denuncias contra ellos van desde violaciones a los derechos humanos hasta la corrupción y explotación de los recursos públicos.

  • El departamento de EE. UU. recalcó que la familia Ortega Murillo ha usado Inversiones Zanzíbar S.A. para ocultar la transferencia de ganancias de DNP, y como compañía fachada para adquirir ciertos beneficios y eludir las sanciones económicas contra el gobierno de Nicaragua.

Según las autoridades estadounidenses, a principios de 2019, Rafael diversificó los activos de su familia comprando estaciones de servicio a nombre de testaferros. Además, subrayaron que controla el Servicio de Protección y Vigilancia, S.A., una empresa de seguridad que ha recibido millones en contratos gubernamentales y sirve a las empresas familiares de Ortega.

Las sanciones del Tesoso implican el bloqueo de todos los bienes y activos bajo jurisdicción de EE. UU., y prohíben toda transacción que involucre a individuos y entidades estadounidenses.

  • El gobierno norteamericano mantiene una política de presión máxima al gobierno de Ortega, al que acusa de abusos de derechos humanos, corrupción y fraude electoral, y aboga por un “retorno a la democracia” en Nicaragua a través de elecciones “anticipadas, libres y transparentes”.

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