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Corrupción electoral: detalles de la ‘Operación Casa Blanca’

21/06/201810:45 am
RED+ NoticiasBogotá, D.C.JusticiaRed+

Durante la presentación de una primera fase de resultados las investigaciones hechas por la Fiscalía General de la Nación, “en materia de compra de votos durante las pasadas elecciones parlamentarias”, el titular de ese organismo comenzó por describir el tipo de personas que fueron utilizadas para ese proceso electoral.

“A lo largo del país encontramos distintas modalidades de corrupción electoral, llegándose al extremo de subordinar, bajo promesas y pagos, a electores reclutados indignamente; particularmente, entre poblaciones vulnerables con bajo nivel de escolaridad”. Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación.

El funcionario, señaló que esas personas explotadas estaban en “caracterizadas condiciones de marginalidad y pobreza absoluta”. Lo que el fiscal consideró una situación inaceptable en estos tiempos, lo que lleva a afectar la democracia colombiana.

Martínez Neira destacó que detectaron serias irregularidades en diversas regiones del país. Y que entre las personas capturadas en los últimos dos días “hay funcionarios de diverso nivel” y la identificación de “más de 2.000 intermediarios organizados para favorecer candidaturas al Congreso”.

  • Fiscales e investigadores pusieron al descubierto un complejo entramado que el fiscal general calificó como una ‘verdadera empresa criminal’ que tenía el objetivo de alterar el proceso democrático.

Elecciones de Congreso en 2018

Según la Fiscalía,  esta organización criminal funcionó al servicio de otras campañas electorales y no solamente atendió a la senadora electa Aída Merlano. Las pruebas muestran que Casa Blanca también funcionó a favor de la candidata Lilibeth Llinás (número 107 en el tarjetón de su partido para la Cámara de Representantes por el Atlántico), quien no fue elegida.

La organización delictiva, dice el ente investigador, tenía roles diferenciados y estaba organizada bajo la denominación ‘Personal de trabajo para el debate’, así:

  • Administradores: encargados del manejo de los recursos logísticos y financieros.
  • Punteadores: encargados de revisar listas de líderes y votantes reclutados, así como los certificados electorales y contraseñas con códigos de barras.
  • Pagadores: encargados de entregar contraseñas en la casa de los líderes.
  • Coordinadores: entregaban contraseñas en casas de apoyo.
  • Didactas: encargados de enseñar a votar en los tarjetones y se desempeñaban también como testigos electorales

El informe relata que “cada líder estaba encargado de llevar a un centro de operaciones (casa de apoyo) un grupo de personas con un talonario en el que marcaba a los votantes, con fotocopia de la cédula y la huella”. Todos se identificaban con corazones de colores. Allí, los punteros verificaban huellas y cédulas de los electores y hacían un proceso completo de capacitación para garantizar que el voto se marcara de forma correcta.

Los investigadores encontraron que para el día de elecciones arrendaron 187 terrazas. Antes de ir a las urnas, allí llegaban los votantes a presentarse. A esos sitios tenían que volver con el certificado electoral y los líderes recibían el dinero correspondiente a cada voto, para su entrega a los electores.

Según entrevistas y videos en poder de la Fiscalía, los electores correspondían generalmente a personas de bajos recursos y poca escolaridad. También reclutaban adultos mayores quienes debían entrar a los puestos de votación acompañados de niños para garantizar la exactitud del voto por el candidato indicado.

La estructura habría estado conformada por los siguientes dirigentes, servidores y exservidores públicos de elección popular:

Candidatos al Congreso: Aída Merlano y Lilibeth Llinás

Dirigentes políticos regionales:

  • Jorge Rangel, diputado de Atlántico
  • Margarita Balén, diputada de Atlántico
  • Juan Carlos Zamora, concejal de Barranquilla
  • Aissar Castro Bravo, concejal de Barranquilla
  • Aissar Castro Reyes, exconcejal y papá del concejal Castro Bravo
  • Vicente Támara, exconcejal de Soledad

Modus operandi

La organización funcionaba al servicio de candidaturas que eran apoyadas por un grupo de dirigentes políticos regionales que contactaban líderes encargados de reclutar electores de sus mercados cautivos, en las barriadas, en las comunas. Tales electores, dijo el fiscal general, “recibían dinero a cambio de su voto como si se tratara de una mercancía”.

“Esta es la primera investigación en materia de corrupción electoral donde toda la cadena criminal queda plenamente establecida desde el origen de los recursos que se emplean para comprar electores”. Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación.

Según lo evidenciado por la Fiscalía, la organización contaba con 2.323 líderes barriales y locales que habrían servido como mercaderes de grupos de electores. Estos se habrían encargado de la venta de “paquetes de votantes” para los candidatos., lo que constituye un delito nuevo.

Financiación de la empresa criminal

La red contaba con al menos dos fuentes de financiación: una pública y una privada, lo que pone en evidencia que este fenómeno de corrupción electoral constituye un problema sistémico.

En la pública, habrían existido contratos de prestación de servicios con entidades de la región, cuyos beneficiarios eran personas que trabajaban para la ‘Casa Blanca’.

En la privada, identificaron cientos de cheques provenientes de particulares, que fueron cobrados por personas pertenecientes a la empresa criminal. Uno de ellos, Edwin Rafael Martínez Salas, ya capturado, quien durante febrero de 2018 cobró veintiún (21) cheques que superaron los mil millones de pesos ($1.000’000.000). Otro particular, por ejemplo, en un mismo día cobró en efectivo cheques por una cifra que superó los quinientos millones de pesos ($500’000.000). Y eso que el monto máximo para gastos de un candidato al Senado fue fijado por la autoridad electoral en la suma de novecientos millones de pesos ($900´000.000) (Resolución 2796 de 2017 del Consejo Nacional Electoral).

  • Dado el volumen de las sumas recaudadas, éstas eran depositadas en lugares estratégicos de ‘Casa Blanca’ y hasta en la “bañera” de la edificación.

Fase I de la operación ‘Casa Blanca’: capturadas en flagrancia cinco (5) personas – corrupción al sufragante y concierto para delinquir agravado:

  • Edwin Rafael Martínez Salas, ingeniero de sistemas
  • Jefferson Jesús Viloria Mieles, auxiliar de sistemas
  • Vanessa Victoria Merlano Rebolledo, asesora de la campaña
  • María Camila Valencia Lugo, encargada de redes sociales
  • Everlyn Carolina Díaz Díaz, jefe de marketing y pedagogía a electores

También capturaron a los hermanos Carlos Alberto y Sara Luz Jiménez Otálvarez, a quienes les imputaron concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento privado. A Sara Luz Jiménez, adicionalmente, le imputaron obtención de documento público y corrupción al sufragante.

Fase II de la operación ‘Casa Blanca’: con base en el recaudo probatorio de la Fase II, el próximo 30 de julio la Fiscalía imputará los siguientes delitos:

  • A la candidata a la Cámara de Representantes por Atlántico, Lilibeth Llinás: concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.
  • A los diputados del Atlántico, Jorge Rangel y Margarita Balén, concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.
  • A los Concejales de Barranquilla, Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora Calleja, concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.
  • A los exconcejales, Aissar Castro Reyes y Vicente Támara, concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.

Además de un extenso plan de imputaciones y compulsa de copias, el fiscal destacó que han dispuesto de más de 50 investigadores y obtenido 2.112 horas de video y audio en esta investigación. Así concluyeron que esa organización delictiva actuaba como una empresa al servicio de distintas campañas políticas.

Ya estaría operando, por lo menos, desde el año 2015 para las elecciones regionales de la época y “fue a fondo en el año 2018 para las elecciones al Congreso de la República”. Además, estarían proyectándose para las elecciones presidenciales, pues prometían contar con mejores sistemas para cumplir sus cometidos.

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