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Corte Constitucional rechazó tutelas que buscaban reglamentar UBER

12/01/20187:43 am
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Corte Constitucional ratificó que Uber es ilegal. Foto Reuters.

El alto tribunal, al rechazar dos tutelas de conductores de UBER, le cerró la puerta para que se reglamente el servicio de esta plataforma en el territorio colombiano. Asimismo, la Corte reiteró lo ya dicho por parte del Ministerio de Transporte que señaló que en el país ya existe una reglamentación para el transporte especial o de lujo. (Lea también: Justicia de la UE determinó a Uber como empresa de transporte).

La Corte también destacó que el gobierno presentó un proyecto de ley para sancionar a los servicios de transporte no autorizado. El pronunciamiento se hizo al revisar el caso de dos tutelas que manifestaban la falta de regulación de esa plataforma por parte del Gobierno, lo que estaría “vulnerando sus derechos fundamentales al trabajo, la igualdad y al mínimo vital”.

Tras la decisión de la Corte, el superintendente de Puertos y Transporte Javier Jaramillo indicó, en diálogo con 6AM de Caracol Radio y RED+ Noticias, que dicha medida es consecuente con afirmaciones hechas anteriormente por el Ministerio de Transporte que señala que UBER debe habilitarse como empresa de transporte.

UBER ya tiene la forma de legalizarse. Pueden habilitarse como plataforma para prestar servicio de transporte”, señaló el superintendente quien añadió que “ya pasó en Holanda, convirtiéndose en empresa de transporte de taxis”.

Posición UBER Colombia

La plataforma aclaró que la decisión de la Corte no fue ni a favor ni en contra, solo se pronunció ante las tutelas presentados por dos de sus trabajadores. “La Corte se limitó a recapitular las pretensiones y argumentos de los intervinientes en el proceso sin adoptar una posición de fondo, declarando únicamente la improcedencia de la tutela como mecanismo procesal para obtener tales pretensiones“, indica la misiva. (Lea también: UberEATS lanzó opción de pago en efectivo en Bogotá). 

“Reiteramos nuestra permanente disposición para buscar vías de diálogo con el Gobierno para la creación de una regulación específica, distinta a la existente, que  desarrolle y fomente el uso de alternativas de movilidad, y que tenga como principio fundamental privilegiar el bien común de millones de ciudadanos”, concluyó.

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