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Destitución e inhabilidad por 10 años para Edwin Besaile y Alejandro Lyons

27/09/20185:39 pm
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Destitución inhabilidad Edwin Besaile Alejandro Lyons

La Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años a Edwin Besaile (izq.)y a Alejandro Lyons. / Foto Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, y al exgobernador, Alejandro Lyons Muskus, por irregularidades en pagos de terapias a menores de edad en condición de discapacidad.

  • A Besaile y Lyons, la entidad les reprochó no haber ejercido su deber de vigilancia y control sobre los actos de sus secretarios de Salud, lo cual permitió que se ordenaran pagos de terapias de rehabilitación a 2.181 menores de edad, en condición de discapacidad, prestadas en el periodo comprendido entre diciembre de 2014 y agosto de 2015, por $4.988 millones, sin que mediara relación contractual entre el ente territorial y Funtierra Rehabilitación IPS.

El órgano de control destituyó e inhabilitó por 11 años a los exsecretarios de Salud del departamento, Edwin Preciado Lourdy y José Jaime Pareja Alemán, por ordenar el pago de los servicios de salud a través de las resoluciones No. 00002 de fecha 13 de abril de 2016, No. 001267 del 20 de mayo de 2015, No. 001516 del 11 de junio de 2015, No. 002529 del 28 de julio de 2015, No. 002765 del 6 de octubre de 2015, No. 005223 del 4 de noviembre de 2015, No. 005806 de fecha 11 de noviembre de 2015 y No. 08320 del 15 de diciembre de 2015.

El Ministerio Público encontró que los disciplinados explicaron que los pagos obedecían al cumplimiento de fallos de tutela. No obstante, el órgano de control advirtió que aunque las decisiones judiciales debían ser acatadas, en este caso las órdenes consistían en la obligación de prestar el servicio y en ningún momento se dispuso omitir la celebración de un contrato.

  • En fallo de primera instancia, el órgano de control calificó la falta de los disciplinados como gravísima a título de culpa gravísima.

La Procuraduría Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente, para que evalúe si se hace necesario adelantar una acción preventiva en los departamentos del país con la finalidad de preservar el ordenamiento jurídico y el patrimonio público, y a la Gobernación de Córdoba para que adopte las medidas necesarias en pro de garantizar el derecho a la vida digna y a la salud de los niños, niñas y adolescentes que requieren la prestación de estos servicios de salud en el departamento.

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