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Millonaria indemnización recibirá Piedad Córdoba de la Procuraduría

17/11/201712:53 pm
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Piedad Córdoba recibirá indemnización de parte de la Procuraduría. / Foto piedadcordoba.com

La indemnización que deberá pagar la Procuraduría General de la Nación de $1.800 millones por el fallo que tumbó el Consejo de Estado, que le había quitado los derechos políticos en 2010 a la hoy precandidata presidencial Piedad Córdoba, será destinada a un patrimonio autónomo para las mujeres que promueva el respeto de los derechos femeninos.  (Vea también: “Voy a ser presidenta en 2018”: Piedad Córdoba).

Así lo reveló la líder de Poder Ciudadano, quien agregó que su propuesta consiste en destinar esos recursos para iniciativas de mujeres emprendedoras, entre otras, madres cabeza de familia, artistas, indígenas y deportistas “para generar una serie de microcréditos que les permitan realizar proyectos”.

La defensora de derechos humanos también señaló que el dinero: “Jamás serán suficientes para reparar el daño tan grande que se me hizo en lo político, en lo social y frente a la imagen que se desvirtuó de mí”. Con esto, Piedad Córdoba sostiene que la compensación económica no la repara absolutamente en nada.

La sentencia del tribunal contencioso administrativo, revelada en agosto de 2016, aseguró que Córdoba “no cometió ninguna falta disciplinaria”, cuando fue destituida e inhabilitada por 18 años por el Ministerio Público, y argumenta que no se puede concluir alguna relación delictiva de la entonces senadora liberal con las Farc. (Vea también: “La convivencia en territorio es el reto”: Piedad Córdoba).

Al contrario, se trató de una campaña de desprestigio con el propósito de afectar su buen nombre y credibilidad, como lo revelaron al menos cuatro altos directivos del extinto DAS -hoy condenados por la justicia- quienes contaron en audiencias judiciales cómo fabricaron pruebas como fórmula de persecución política contra la opositora del gobierno de Álvaro Uribe.

El fallo de la Procuraduría, de 141 páginas, proferido el 27 de septiembre de 2010, le declaró la muerte política a Córdoba Ruiz. Seis años después, esta decisión se suspendió al ser catalogada como una violación al debido proceso porque no había garantía de que los archivos que el anulado procurador Alejandro Ordóñez utilizó como prueba, fueran verídicos. Asimismo, la sentencia plantea que las evidencias no eran correos electrónicos de la legisladora sino archivos de Word “que fácilmente pudieron modificarse”.

Piedad considera que las instituciones del Estado y los organismos de inteligencia no pueden estar en función de los intereses personales de un gobernante. Por eso, la hoy precandidata se compromete a que en su gobierno se respeten los derechos de quienes piensan diferente porque el músculo democrático del país se debe conformar con las ideas y el pensamiento de todos y todas. (Lea también: Chile negó entrada de Piedad Córdoba a su territorio).

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