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Procuraduría pide investigar carteles que embargan ilegalmente recursos de la salud

12/06/201812:25 pm
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Procuraduría carteles salud

En total al hospital Universitario de Sucre por vía judicial le han embargado más de $20.000 millones. / Foto archivo.

La Procuraduría General de la Nación denunció el embargo irregular a los recursos de la salud, y pidió a la Fiscalía, la Contraloría y la Judicatura acciones penales, fiscales y disciplinarias en contra de jueces, abogados y particulares vinculados con estos carteles.

  • Aunque la Constitución y las leyes prevén que los recursos para la salud son inembargables, actualmente $500.000 millones permanecen en depósitos judiciales como respaldo para cubrir obligaciones con terceros como contratistas y trabajadores. De este monto $300.000 millones corresponden a EPS del régimen contributivo y subsidiado y a la red pública de hospitales.

Un informe del Ministerio Público encontró que en Sincelejo, Mocoa y Valledupar jueces civiles locales estarían ordenando el embargo de los recursos que debían ser girados a las empresas sociales del estado en su condición de instituciones prestadoras de salud.

  • Para el caso de Sincelejo se pudo identificar que el Juzgado Tercero Civil del Circuito ordenó el embargo de cerca de $11.000 millones, que tenían como destino la ESE hospital Universitario de Sincelejo, en procesos donde la mayoría de los reclamantes eran representados por un mismo abogado y el monto de esas deudas no superaba los $4.000 millones.

En total al hospital Universitario por vía judicial le han embargado más de $20.000 millones. En el departamento de Sucre, los embargos a la salud superan los $30.000 millones.

  • La comunicación se hizo oficial al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez; al Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, y al Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Édgar Sanabria.

La Procuraduría recordó que el fin último de estos recursos es su circulación en el sistema de salud, y no terminar como depósitos judiciales, existiendo otros medios para garantizar el pago de esas acrecencias.

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