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Salud en Colombia en cuidados intensivos

06/12/20183:36 pm
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Salud en Colombia en cuidados intensivos

Un total de 267 fallos con responsabilidad fiscal por una cuantía de $2,1 billones ha producido la Contraloría. / Foto archivo

Un total de 267 fallos con responsabilidad fiscal por una cuantía de $2,1 billones ha producido la Contraloría General desde 2012, por los malos manejos de recursos del sistema general de salud.

  • Así lo indicó el Contralor Delegado para el Sector Social, José Antonio Soto, al responder una pregunta de la Corte Constitucional sobre ¿cuánto dinero ha perdido el sistema de salud, con ocasión de la corrupción en estos últimos 8 años?, y dar cuenta de las decisiones de fondo que ha tomado la CGR en materia de responsabilidad fiscal.

Según precisó, se han declarado 437 responsables fiscales (322 personas naturales y 115 personas jurídicas).

  • Las principales causas que han dado origen a la declaración de responsabilidad fiscal han sido recobros no justificados, adquisición de bienes o elementos no relacionados directamente con la prestación de servicios, sobrecostos de medicamentos y duplicidad de registros en bases de datos.

“La Contraloría ha encontrado en sus más recientes auditorías a algunas EPS que recursos públicos, es decir recursos de las UPC, se vienen destinado para gastos de administración”.

Otras cifras

  • Los montos involucrados en las investigaciones de la CGR por estos temas, en el período 2012-2018, suman $5.6 billones, en 2.388 procesos. O sea, esta es la cifra por la que se abrieron tales procesos.
  • La CGR ha recuperado $179.000 millones dentro de un universo de 829 procesos abiertos.
  • Un total de 187 procesos de responsabilidad fiscal han sido abiertos a partir de denuncias de la ciudadanía.
  • Actualmente, en la etapa de cobro coactivo, la CGR adelanta 82 procesos, donde se pretende recuperar $1.4 billones.
  • La Contraloría ha desplegado varias actuaciones para perseguir de forma directa el patrimonio individual de los accionistas y/o administradores de las EPS e IPS que han incurrido en maniobras fraudulentas y han originado un daño patrimonial a los recursos de la salud.

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