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No se certificarán muertes por causa natural

27/07/20185:29 pm
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Certificarán muertes causa natural

Alejandro Gaviria y Néstor H. Martínez, ministro de Salud y fiscal General. / Foto Minsalud

La Fiscalía y el Ministerio de Salud pusieron en marcha un mecanismo que permitirá agilizar un procedimiento que se ha convertido en un trámite dispendioso para la ciudadanía y ha congestionado el aparato juidicial. En la actualidad, las muertes por causas naturales son certificadas por funcionarios de policía judicial (CTI – Policía Nacional) o previa autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal.

  • En la práctica, con cada inspección a cadáver por muerte natural o estudio forense se genera una noticia criminal que representa costos administrativos para la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, además de la ocupación de personal, equipos y otros elementos necesarios para otras tareas de investigación.

En 2017, el Instituto de Medicina Legal practicó 28.410 necropsias médico – legales para determinar los mecanismos de muerte; 4.023 de los dictámenes, es decir 14 %, concluyeron que correspondían a situaciones naturales y de salud. Por estos hechos, la Fiscalía abrió 3.598 investigaciones por el posible delito de homicidio, pero fueron archivadas ante la certeza de que los decesos sucedieron por causas naturales.

  • En algo más de siete meses de 2018, la caracterización de las muertes naturales pasó de 14 % a 47 %, para un total de 2.542 procesos que coparon la capacidad judicial y, finalmente, también fueron cerrados.

Excepciones para la práctica de autopsias:

  1. Homicidio o sospecha de homicidio.
  2. Suicidio o sospecha de suicidio.
  3. Cuando se requiera distinguir entre homicidio y suicidio.
  4. Muerte accidental o sospecha de la misma.
  5. Otras muertes en las cuales no exista claridad sobre su causa o la autopsia sea necesaria para coadyuvar a la identificación de un cadáver cuando medie la solicitud de una autoridad competente.

Otras situaciones

  • Las practicadas en casos de muertes ocurridas en personas bajo custodia realizada u ordenada por autoridad oficial, como aquellas privadas de la libertad o que se encuentren bajo el cuidado y vigilancia de entidades que tengan como objetivo la guarda y protección de personas.
  • Las practicadas en casos de muertes en las cuales sospeche que han sido causadas por enfermedad profesional o accidente de trabajo.
  • Las realizadas cuando sospeche que la muerte ha sido causada por la utilización de agentes químicos o biológicos, drogas, medicamentos, productos de uso doméstico y similar.
  • Las que se llevan a cabo en cuerpos de menores de edad cuando se sospeche que la muerte ha sido causada por abandono o maltrato.
  • Las que se realizan en casos de muerte de gestantes o del producto de la concepción cuando haya sospecha de aborto espontáneo.

Los profesionales que incumplan esta disposición podrían enfrentarse a las sanciones de tipo disciplinario descritas en la ley y si la actuación trasciende a un delito, sería investigado por la Fiscalía.

  • La circular es clara en advertir que las EPS y las entidades territoriales deberán garantizar la aplicación de este procedimiento sin imponer cargas a los familiares o acudientes de los fallecidos.

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